Artículo del Sr. Baghaei Honorable Viceministro y Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

La guerra agresiva del régimen israelí y la respuesta legítima de la República Islámica de Irán: la necesidad de unidad global contra el agresor

TEHERÁN – En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque armado a gran escala y sin provocación contra Irán. Este fue un acto de agresión atroz en toda su magnitud. Mediante ataques aéreos, con misiles y drones coordinados, atacó barrios residenciales, infraestructura civil, autoridades públicas e instalaciones nucleares sujetas a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

 

Estas acciones constituyen una grave e inequívoca violación del derecho internacional, en particular del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de la Carta de las Naciones Unidas. En un caso particularmente atroz, un ataque israelí contra un edificio residencial causó la muerte de 60 civiles, incluidos 35 niños y mujeres. En una nueva oleada de operaciones militares, Israel comenzó a atacar también infraestructuras y emplazamientos industriales.

 

El principal pretexto para el ataque fue el programa nuclear iraní. Como ha verificado reiteradamente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las instalaciones nucleares iraníes se utilizan exclusivamente con fines pacíficos y siguen sujetas al régimen de inspección más exhaustivo e intrusivo administrado bajo los auspicios internacionales. El ataque del régimen israelí contra estas instalaciones nucleares civiles protegidas constituye un acto deliberado de agresión y una flagrante violación del derecho internacional y del marco jurídico que rige la seguridad nuclear.

 

Como reafirmó el Director General del OIEA, Sr. Rafael Grossi, durante la reciente sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las Resoluciones GC(XXIX)/RES/444 y GC(XXXIV)/RES/533 de la Conferencia General del OIEA dejan claro que cualquier ataque armado contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto del OIEA y los principios fundamentales del derecho internacional. Estas resoluciones subrayan los graves riesgos que tales ataques suponen para la seguridad nuclear y ponen de relieve su profundo impacto desestabilizador en la paz regional e internacional. La naturaleza del ataque no deja lugar a ambigüedades: constituye un acto de agresión que viola directamente el derecho internacional. Se ha traspasado claramente el umbral legal.

 

El régimen israelí tiene un historial prolongado y bien documentado de uso ilícito de la fuerza contra Estados soberanos. Sus repetidos ataques contra la población civil, infraestructuras críticas y lugares protegidos reflejan un desprecio sistemático por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Este último ataque no es un episodio aislado; forma parte de una política consistente que instrumentaliza la coerción y desafía abiertamente el orden jurídico internacional. El Estado de derecho no se está descuidando, sino que se está desmantelando deliberadamente.

 

Es necesario reconocer el contexto más amplio de la conducta del régimen israelí. Israel está actualmente sujeto a procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia por presuntos actos de genocidio en Gaza, y sus altos mandos, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, enfrentan acusaciones creíbles de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo ataques deliberados contra civiles, el uso de la hambruna como método de guerra y la imposición sistemática de castigos colectivos. Estos no son incidentes aislados. Forman parte de una política persistente de represión militarizada, impunidad institucionalizada y desprecio por los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario.

 

En un momento en que la credibilidad del sistema internacional se encuentra bajo un intenso escrutinio, la aplicación selectiva de principios jurídicos y la dependencia de la conveniencia política amenazan con desplazar los valores fundamentales de coherencia, rendición de cuentas y el estado de derecho.

 

En respuesta a la agresión ilegal y no provocada del régimen israelí, la República Islámica de Irán ejerció legítimamente su derecho inherente a la legítima defensa, consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este derecho fundamental permite a un Estado defender su soberanía e integridad territorial ante un ataque armado. La respuesta de Irán se apegó estrictamente a los principios y parámetros establecidos por el derecho internacional, garantizando que sus acciones fueran mesuradas, necesarias y apropiadas a las circunstancias.

 

En concreto, la respuesta de Irán fue cuidadosamente calibrada para ser proporcional a la amenaza y al ataque militar de Israel. La respuesta se dirigió exclusivamente a objetivos militares legítimos, incluyendo centros de mando y control, instalaciones militares estratégicas e infraestructura operativa directamente vinculada al ataque ilegal. En todo momento, Irán mantuvo un estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario, priorizando la minimización de los daños colaterales.

 

La falta de una respuesta decisiva del Consejo de Seguridad de la ONU a este acto de agresión constituye un incumplimiento de su responsabilidad fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales. En el pasado, el Consejo ha respondido con rapidez y unánimemente. Tras el ataque israelí de 1981 al reactor nuclear iraquí de Osirak, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 487, condenando el ataque y enfatizando la inviolabilidad de las instalaciones nucleares con fines pacíficos. El precedente sigue siendo claro. La ley sigue siendo clara. Sin embargo, hoy el Consejo se ha vuelto pasivo y sus negociaciones se han estancado bajo la presión política y el apoyo de un pequeño grupo de Estados poderosos. Esta inacción supone una grave amenaza para los cimientos del sistema multilateral global.

 

Irán insta a la comunidad internacional a condenar este acto de agresión y reitera su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional. La soberanía nacional no es negociable. Las instalaciones nucleares bajo la supervisión del OIEA no deben ser objeto de ataques. No se debe permitir que la fuerza sustituya a la diplomacia.